DOWNEY — Alrededor de las 4:20 de la mañana oficiales del departamento de la policía de Huntington Park (HPPD) rodearon el hogar de Ryan Cortez en el área de Whittier no incorporado. Vestidos con equipo táctico y respaldados con, por lo menos, dos vehículos armados y una multitud de patrullas, la policía golpeó la puerta y les solicitó a través de megáfono que toda la familia saliera del hogar.
Cortez y toda su familia fueron removidos de la casa descalzos y esposados mientras la casa era registrada en la mañana del 21 de julio*. Su hermano mayor Lance, dos hermanos menores (18 y 16), junto con su madre y padre fueron puestos en la acera, mientras la policía confiscó las computadoras de Ryan y Lance, una cámara, y todos los teléfonos celulares de la familia. Cortez luego fue arrestado y llevado a una celda de detención en Huntington Park.
El jueves un jurado en Downey absolvió a Cortez de los cargos resultantes por la protesta que lideró en contra de la alcaldesa de Huntington Park, en respuesta al trato de la ciudad hacia los vendedores ambulantes. Cortez ahora planea demandar a la ciudad por exponerlo a él y su familia a esta terrible experiencia.
“No debí pasar por toda esta mierda considerando que sólo estábamos defendiendo a los vendedores ambulantes. Perdí dos semanas de trabajo y ellos realmente se desquitaron con nosotros”, Cortez dijo en las escaleras del palacio de justicia en Downey de la Corte Superior de Los Ángeles.
Cortez, 21, estuvo activo todo el verano defendiendo los derechos de los vendedores ambulantes, que han sido víctimas de acoso y multados por la policía de Huntington Park. La redada ocurrió luego de la protesta frente al hogar de Marilyn Sanabria, alcaldesa de Huntington Park. Cortez fue fichado con un cargo de delito grave por “amenaza criminal.”
Durante el juicio, el fiscal de la oficina del Condado de Los Ángeles argumentó que Cortez hizo comentarios que constituían una “amenaza de peligro claro y presente” e incentivó a otras personas a estallar inmediatamente en actos violentos,” y hasta definió el acto de la protesta en sí mismo como violencia — el jurado discrepó. Nadie durante el juicio testificó de que hubo algún tipo de violencia física esa noche, no hubo peleas y nadie resultó herido.
Las posibles represalias en contra de Cortez no fueron únicas — y las acciones de la policía de Huntington Park cuestionan que es posible que las gobernanzas en las ciudades pequeñas en el condado de Los Ángeles, están utilizando a la policía para pisotear los derechos de la Primera Enmienda. En adición a Cortez, la policía arrestó a dos defensores de los vendedores ambulantes durante una reunión del ayuntamiento. Otra redada en la casa del defensor de los vendedores ambulantes, Robert Begay, provocó escalofríos en la comunidad, mientras los activistas formularon acusaciones de represalias policiales contra las protestas.
La Prensa Publica de LA hizo múltiples solicitudes de comentarios a varios oficiales de la ciudad de Huntington Park, al departamento de policía, y a miembros del ayuntamiento pero todos declinaron a comentar sobre este asunto particular.
Eddie Martínez, miembro del concejo, redirigió una serie de preguntas por La Prensa Publica de LA al fiscal municipal, asegurando respuestas en el futuro. Luego de dos días, Martinez respondió diciendo que el concejo decidió no comentar para esta historia.
Los vendedores son acosados y llegan las protestas
A finales de junio y julio, los vendedores ambulantes en los alrededores de Huntington Park comenzaron a quejarse del acoso policial y la incautación de su equipo. Videos del acoso filmado por defensores de los vendedores ambulantes se hicieron virales en Tik Tok y mostraron a varios oficiales de HPPD circundando a los vendedores, confiscando un carro de frutas, verificando los permisos de los vendedores y escribiéndoles citaciones. Sin embargo, se encontró por lo menos en uno de los casos, que el vendedor tenía todos sus permisos completamente en orden, o fue citado por leyes fuera de la jurisdicción donde estaban operando.
Los activistas incluyendo Cortez y Edin Enamorado respondieron presentándose a la reunión del ayuntamiento de la ciudad de Huntington Park el 18 de julio, donde expresaron en voz alta su frustración por el acoso policial hacia los vendedores ambulantes.
“Huntington Park desea iniciar una guerra en contra de los vendedores ambulantes…tratarlos como si fueran delincuentes,” dijo Cortez durante la sección abierta a comentarios públicos de la reunión.Durante y luego de la reunión, tres defensores de los vendedores ambulantes fueron arrestados, incluyendo a Edin Enamorado. La frustración continuó y los defensores decidieron continuar su protesta luego de la reunión del concejo. Esa misma noche, alrededor de 20 personas se reunieron fuera de la casa de la alcaldesa Sanabria, marchando, llevando carteles y cantando “cuando se ataca a los vendedores ambulantes, nosotros continuaremos con nuestra lucha”. Cortez dijo que la policía disipó a los protestantes en alrededor de una hora.
Las acusaciones contra Cortez surgen del alegato de que dijo “esa perra necesita morir” dirigida a Sanabria. El fiscal argumentó que esto provocó una protesta violenta frente a la casa de la alcaldesa, pero el jurado no encontró ninguna prueba de violencia convincente ni se produjo ninguna prueba de violencia física. La única evidencia ofrecida de que Cortez incluso dijo esas palabras fue el testimonio de dos personas, un oficial de policía y un detective, empleados por el Departamento de Policía de Huntington Park.
La defensa a su vez trajo a un testigo que testificó que nunca escuchó a Cortez decir esa frase o dirigir a los protestantes a la casa de la alcaldesa. Sanabria tomó el estrado y contó cómo se acordaba de esconderse en su casa durante la protesta. También recordó haber tomado su teléfono y haberle enviado un mensaje de texto al jefe de policía de Huntington Park, Cosme Lozano, sobre la protesta que se desarrollaba afuera.
Al ser arrestado, Cortez fue llevado a una celda en Huntington Park, donde fue acusado del delito grave de “Amenaza criminal” (PC422), mientras su familia luchaba por descubrir qué había sucedido y cómo liberar a su hijo, todo sin sus celulares.
Sin embargo, después de que Cortez contrató a un abogado, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles redujo los cargos a un delito menor (PC 415) y le ofreció a Cortez un trato por 12 meses en un programa de desvío, una orden de permanecer al menos a cinco yardas de distancia de la alcaldesa, incluyendo su casa y el ayuntamiento y 40 horas de servicio comunitario. Cortez se negó a aceptar el trato y fue juzgado por delitos menores. Si hubiera sido declarado culpable, Cortez podría haber enfrentado hasta 90 días, una multa de hasta $400, o ambas.
Robert Begay, otro defensor de los vendedores ambulantes, fue allanado en su casa el 3 de agosto. Según Begay, la policía esposó a su novia, su hermana y su madre anciana alrededor de las 5 de la mañana. Begay dijo que lo llevaron a la estación de policía, pero nunca se presentaron cargos.
“Vinieron y allanaron mi casa por lo mismo que atraparon a Ryan”, dijo Begay. “Y cuando vinieron, no me dieron la orden de allanamiento de inmediato. Me enteré cuando llegué a la comisaría. Me estaban acosando y dando vueltas al asunto”.
Los defensores han alegado que las redadas equivalen a represión política y represalias por discursos políticos críticos de las acciones de la ciudad, señalando la importante demostración de fuerza y recursos gastados en la redada, en contraste con los cargos impuestos relativamente triviales.
Protestas en juicio
En el transcurso de un juicio de cuatro días, que comenzó el 2 de octubre, el fiscal afirmó que Cortez había hecho declaraciones incendiarias que incitaban a la violencia, especialmente contra Sanabria. A su vez, la defensa puso en duda si Cortez había hecho siquiera las declaraciones que la policía afirmaba que había hecho, argumentando además que todas sus acciones protegían la libertad de expresión.
El jurado deliberó sólo dos horas antes de regresar para emitir un veredicto unánime de no culpabilidad. Para un juicio por un delito menor, hubo varios momentos dramáticos, incluido un interrogatorio sobre malas palabras, insultos raciales y un testimonio muy emotivo en el que la alcaldesa de Huntington Park rompió a llorar.
Un hombre que ha participado activamente en las protestas caracterizó el veredicto como una “victoria para la libertad de expresión”, insistiendo en que Cortez no dijo nada “amenazante de todos modos”. Sin embargo, el hombre pidió permanecer en el anonimato, alegando temor a represalias policiales.
Después de la sentencia, el abogado de Cortez, Christian Contreras, habló afuera del tribunal y dijo que la decisión envió un mensaje: “Incluso si se intenta silenciar a los activistas o a los defensores de la primera enmienda, no serán silenciados; lucharán en contra… Llevarán estos casos a juicio y ganarán”.
La fiscal del distrito Amber Swearingen-Ojuri basó su caso en la acusación de que Cortez había hecho declaraciones que, de haberlas pronunciado, habrían constituido una incitación inmediata a la violencia debido al hecho de que los manifestantes fueron conducidos posteriormente a la casa de la alcaldesa la noche de la polémica reunión del ayuntamiento. El abogado de Cortez, Christian Contreras, respondió intentando demostrar que él no había dicho nada tan incendiario y, en cambio, había limitado sus declaraciones a la libertad de expresión protegida.
Específicamente, Swearingen-Ojuri acusó a Cortez de decir “esa perra necesita morir”, justo afuera del ayuntamiento, y luego “perra gorda, vas a morir” una vez que estuvo frente de la casa de la alcaldesa.
Como prueba, el fiscal llamó a tres testigos a subir al estrado, incluido el detective del HPPD George Domínguez, el oficial del HPPD Terrence Willie y el alcalde Sanabria.
Mientras Willie, que estaba en la protesta frente a la casa de la alcaldesa, testificó que escuchó a Cortez y otros manifestantes decir “Sanabria, que se chingue esa perra” y “todos los policías de HP tienen que morir”, cuando la defensa lo interrogó, Willie reconoció que nadie se volvió violento o resultó herido en la protesta.
Domínguez testificó que escuchó a Cortez decir “esa perra necesita morir” afuera del ayuntamiento. También dijo que Cortez llevaba cubrebocas ese día, pero que reconoció su voz. Pero cuando se le preguntó en el interrogatorio si las supuestas palabras de Cortez provocaron una reacción violenta, Domínguez dijo que nadie reaccionó violentamente y que Cortez no estaba cerca de la alcaldesa en ese momento.
En contraste, el abogado defensor puso en duda si Cortez realmente había hecho alguna de las supuestas declaraciones, argumentando además que incluso si tales declaraciones se hubieran hecho, habrían estado protegidas por la Primera Enmienda. Con una presentación en PowerPoint durante los argumentos finales, Contreras explicó que lo único que hizo Cortez durante la reunión del concejo y la protesta en la casa de la alcaldesa fue abogar contra el acoso a los vendedores ambulantes. A lo largo del juicio, Contreras también señaló a Edin Enamorado como el verdadero líder de los manifestantes de ese día.
Otro defensor de los vendedores ambulantes y testigo de la defensa, Moisés Camacho, testificó que no había escuchado a Cortez decir las supuestas palabras mordaces ni nada sobre el asesinato de la alcaldesa. Camacho agregó que fue idea de Enamorado ir a la casa de la alcaldesa.
Cuando se le preguntó cómo pudo haber escuchado algo durante los gritos en la protesta, Camacho respondió que no había tantos manifestantes y que aún así habría escuchado lo que dijo Cortez.
El detective Domínguez y el oficial Willie también testificaron en general sobre los acontecimientos de esa noche. Domínguez dijo que hubo una reunión informativa con “un equipo de oficiales estacionados en el ayuntamiento” antes de la reunión del consejo sobre personas específicas que se esperaba que fueran perturbadoras. Agregó que escuchó a activistas gritarle “vete a la mierda, Domínguez”. El oficial Willie dijo que los manifestantes le gritaron epítetos, entre ellos “mayate” y “chango”. También dijo que empezó a redactar citaciones para que la gente se disipara.
Mientras testificaba para la fiscalía, la alcaldesa Sanabria dijo que había recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y que se sentía en peligro por los gritos de los manifestantes afuera de su casa. Lloró cuando testificó que había comenzado a temblar incontrolablemente dentro de su departamento mientras los manifestantes marchaban afuera, y que continúa sufriendo ansiedad por la protesta de ese día.
Mientras Sanabria hablaba, la fiscal Swearingen-Ojuri les mostró a ella y al jurado mensajes, comentarios y correos electrónicos de Instagram que decían cosas como “¡Que chingados te pasa, puta!” y “tu vida está llegando a su fin”. Los mensajes mostrados fueron enviados desde las cuentas de Instagram johnnyb_2.0 y johnny_b.goode. No se demostró que los mensajes se relacionaban con Cortez.
La fiscalía también reprodujo un vídeo de la aplicación Citizen, que envía alertas de seguridad basadas en la ubicación. Mostraba a personas caminando afuera de la casa del alcalde y los autos de la policía de Huntington Park, pero no mostraba a nadie actuando violentamente y Cortez no era visible en el video.
Durante el contrainterrogatorio, Contreras cuestionó si el alcalde había escuchado a Cortez decir específicamente “esa perra necesita morir” y ella dijo que no lo recordaba, y agregó que no había visto a Cortez afuera de su casa, ya que estaba escondida dentro de su apartamento. Cuando se le preguntó si era cierto que la gente estaba molesta el día de la reunión del consejo por lo que estaba sucediendo con los vendedores ambulantes en Huntington Park, ella respondió simplemente “ok”.
LAPP contactó al secretario municipal y jefe de policía de Huntington Park, Cosme Lozano, al principio del proceso legal, pero nadie respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Durante los argumentos finales, la fiscalía reiteró que el jurado debería declarar culpable a Cortez sobre la base de que dos testigos policiales declararon que lo escucharon decir la frase clave que provocó a los manifestantes y los llevó a la casa del alcalde, lo que ella calificó como un acto violento, caracterizando así la protesta misma como una forma de violencia. También dijo que las declaraciones que la policía testificó que habían escuchado de Cortez en la casa del alcalde eran “un peligro claro y presente y llevaron a otras personas a estallar inmediatamente en violencia”, describiendo nuevamente el acto de protesta en sí mismo como violencia. Sin embargo, esa noche no hubo violencia física real, no hubo peleas y nadie resultó herido.
En sus comentarios finales, Contreras mostró al jurado una imagen de una pintura inacabada y dijo que así como cada pintura muestra una historia, este juicio también mostró una historia sobre si se iba a permitir que la ciudad silenciara a críticos como Cortez que defendían los derechos de los vendedores ambulantes.
*Corrección: Una versión anterior de este artículo decía que la casa de Cortez había sido allanada el 20 de julio. Es cierto que los preparativos para el allanamiento comenzaron el 20 de julio (incluyendo la obtención de la orden judicial), el allanamiento en realidad se llevó a cabo temprano en la mañana del 21 de julio.